Fonte: El País, 24/02/2008.
EDITORIAL
Alemania pagó por información sobre sus defraudadores fiscales; es dinero bien pagado
El escándalo de la evasión fiscal en Alemania, con 1.000 empresarios implicados en la fuga de dinero hacia las opacas fundaciones de Liechtenstein, demuestra que los paraísos fiscales europeos constituyen un problema para las autoridades económicas europeas y para el normal desenvolvimiento del mercado europeo de capitales. Los detalles del caso incitan a la confusión, sobre todo porque el Gobierno alemán autorizó la compra de información robada al banco de Liechtenstein LGT con los nombres de las fortunas implicadas en el mayor fraude fiscal de Alemania, calculado en más de 4.000 millones de euros.
Está fuera de discusión que un Gobierno tiene derecho a evitar la evasión de capitales y castigarla cuando la descubre. Ahora bien, esa tarea debería ser responsabilidad de la Hacienda alemana y de sus servicios de inspección. Pero el caso es que ha sido la oficina federal de espionaje BND, de acuerdo con la cancillería, la que ha destapado el escándalo al pagar varios millones de euros por un DVD con documentos y datos bancarios. Es una declaración indirecta de impotencia. Equivale a reconocer que los procedimientos reglamentados de inspección tributaria son insuficientes. Pero también es una declaración tajante de intenciones. El Ministerio alemán de Finanzas está dispuesto a utilizar cualquier método que no sea ilegal para perseguir el fraude: desde ese punto de vista, es dinero bien gastado.
Pero el problema principal es si enclaves con privilegios fiscales como Liechtenstein, Andorra o Mónaco pueden seguir operando en Europa, permitiendo que los grandes patrimonios evadidos paguen cantidades ridículas de impuestos mientras las rentas menos privilegiadas o más conscientes de sus deberes soportan pesadas cargas tributarias. La justa irritación de los ciudadanos que pagan exige que la investigación en Alemania se lleve hasta el final y que los culpables reciban un castigo ejemplar.
Los países de la Unión, en especial España y Francia, tienen que apoyar la acción contra la fuga de capitales que ha iniciado Alemania. Es imperativo que las legislaciones bancarias más opacas, como las de los enclaves citados o la suiza, se acomoden a la directiva europea contra el blanqueo de dinero y a las normas de la OCDE sobre transparencia fiscal.
